Vivo en Punta del Este, pero viajo cada semana a Montevideo. Y en cada viaje, la ciudad me habla. No con su rambla, ni con “los vapores de la Aduana o la basura ciudadana”… sino con sus muros. En Cordón, en Ciudad Vieja, en la zona universitaria, las paredes están vestidas de consignas: “No al genocidio en Palestina”, “Israel Estado terrorista”, “Aunque lo tapes es genocidio”. La bandera palestina ondea junto al arcoíris LGTBQ+, como si Hamás fuera sponsor del Orgullo.

En las marchas, escucho cánticos que más que solidaridad parecen condena tribal. Gente buena, idealista, cargando pancartas cuyo significado no conocen del todo. Y en los comités de base, la indignación fluye generosa, siempre dirigida en una sola dirección: Israel. Como si el mundo se dividiera entre los puros y los sionistas.

En este clima —donde el antisionismo se cuela como sentido común y el antisemitismo se disfraza de justicia social— se celebra la próxima gran cita del activismo internacional: “la Cumbre de Bogotá por la legalidad internacional” —organizada por Colombia y Sudáfrica el 15 y 16 de julio— tiene todos los ingredientes de un ejercicio diplomático de doble moral: justicia selectiva, lenguaje inflamado, y una sorprendente tolerancia al extremismo. Como no podía ser de otro modo, Israel es el único acusado en el banquillo.

La autodenominada The Hague Group, compuesta por una coalición de más de veinte países —entre ellos China, Qatar, Turquía, Uruguay, Chile, Brasil, Nicaragua y la Autoridad Palestina—, afirma buscar “medidas concretas” para frenar lo que llaman “el genocidio palestino”. No se han referido a Siria, Irán, Rusia o Yemen. Al parecer, las víctimas solo importan si el victimario es Israel.

¿Y si esto no fuera solo retórica?

A simple vista, uno podría pensar que estamos ante un foro más de condena política a Israel, de los tantos que proliferan en organismos internacionales. Pero esta vez, el contexto es más alarmante. No se trata solo de discursos. El objetivo es la acción coordinada: sanciones económicas, bloqueos de armas y aislamiento diplomático. Todo bajo una estética jurídica de “cumplimiento del derecho internacional”, convenientemente ignorado cuando los autores son regímenes autoritarios o grupos terroristas.

Los anfitriones, Colombia y Sudáfrica, ya han demostrado su predisposición: ambos han cortado o degradado relaciones diplomáticas con Israel, y Sudáfrica lleva adelante una denuncia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque esta aún no ha fallado sobre el fondo del asunto, los organizadores ya dictaron veredicto. Ni juicio ni defensa. Solo sentencia.

Antisionismo recalentado, antisemitismo servido

La cumbre plantea un problema grave: bajo la máscara del antisionismo jurídico, se cuela un antisemitismo político. No hay otra forma de nombrarlo cuando se niega al pueblo judío el derecho a la autodeterminación que sí se le reconoce a cualquier otra nación. El Estado judío es presentado no como un actor con políticas discutibles (como cualquier otro), sino como un ente ilegítimo por definición.

Las declaraciones de los organizadores lo dejan claro. Para ellos, Israel no actúa con errores o excesos, sino que es culpable por existir. Es la encarnación del mal político: colonial, genocida, supremacista. Se trata del viejo tropo del “judío colectivo”, aggiornado al lenguaje diplomático.

El elefante (iraní) en la sala

Lo más inquietante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Mientras se debate el “genocidio” en Gaza, nadie menciona a Hamás, ni su doctrina genocida, ni sus 45.000 cohetes lanzados, ni sus túneles “humanitarios” convertidos en guarida de terroristas y jaulas para secuestrados el 7/10. Tampoco se menciona que Irán, principal financista de Hamás y Hezbolá, ha perdido terreno en Medio Oriente tras la reciente ofensiva israelí, y está buscando expandir su influencia en América Latina.

Un análisis reciente sugiere que, ante la derrota militar directa, Teherán podría optar por su estrategia predilecta: terrorismo asimétrico. Y América Latina, con sus redes porosas, su permisividad ideológica y su historial de atentados contra la comunidad judía (como AMIA en 1994 y la embajada israelí en 1992), aparece como terreno fértil para la desestabilización.

¿Cumbre por la paz o festival del cinismo?

Entre los países participantes se encuentran regímenes que encarcelan a mujeres por no cubrirse el cabello (Irán), que persiguen a minorías religiosas (China), o que censuran sistemáticamente la prensa libre (Cuba). Y, sin embargo, aquí se presentan como defensores del derecho internacional y la dignidad humana. Lo que no se toleraría en casa, se proyecta al extranjero con la moralidad de una ONG suiza.

Y mientras tanto, Uruguay, Chile y Brasil —países con sistemas democráticos imperfectos pero aún funcionales— se suman, quizás por cálculo político, quizás por inercia ideológica, a un operativo diplomático que enmascara como justicia lo que no es más que un linchamiento diplomático de un solo Estado.

¿Y ahora qué?

La historia enseña que cuando el antisemitismo se viste de legalismo, la violencia nunca está lejos. Legitimar narrativas de odio desde los Estados, en conferencias internacionales, allana el camino para atentados, persecuciones y radicalizaciones. La región ya ha visto lo que ocurre cuando se ignora el extremismo en nombre de la ideología.

El problema no es que se critique a Israel. El problema es que se lo demoniza, se lo deslegitima y se lo convierte en la única nación sujeta a una moral internacional imposible. Cuando eso sucede, no estamos ante diplomacia. Estamos ante propaganda.

Y esta vez, no se puede decir que no lo vimos venir.